Monday, October 31, 2005

FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS
PROGRAMA DE JUSTICIA







EXTINCIÓN DE DOMINIO POR NATCOTRÁFICO






MONOGRAFÍA DE GRADO PRESENTADA POR
NELSON ANDRÉS SERRANO ASPRILLA PARA
OPTAR A LA CERTIFICACIÓN COMO TÉCNICO
AUXILIAR LABORAL DE LA JUSTICIA CON
ÉNFASIS EN CRIMINALÍSTICA







BOGOTÁ D. C. JUNIO 29 DE 2004

NELSON ANDRÉS SERRANO ASPRILLA














EXTINCIÓN DE DOMINIO POR NARCOTRÁFICO














BOGOTÁ D. C. JUNIO 29 DE 2004
TABLA DE CONTENIDO

LA EXTINCIÓN DE DOMINIO POR NARCOTRÁFICO

INTRODUCCION
CAPÍTULO I EXTINCIÓN DE DOMINIO
CAPÍTULO II ASPECTO JURÍDICO DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
CAPÍTULO III TRÁFICO Y CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES COMO
CAUSA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
CONCLUSIONES
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA
ÍNDICE



































Dedico esta monografía a mi mamá,
y a mi hermano quienes con su apoyo
incondicional me han motivado para que
alcance todas mis metas ...
También a aquellas personas que
con su simple presencia han alegrado mis días.
" Cuando uno sueña el universo
entero conspira para que ese
sueño se realice"
PAULO COHELO.




INTRODUCCIÓN


El motivo por el cual he elegido este tema, es por que la extinción de dominio se está aplicando repetidamente en el país, particularmente por narcotráfico; Para nadie es un secreto que en Colombia se mueve bastante dinero entorno al narcotráfico y negocios derivados de éste, así mismo, hay un gran porcentaje de propiedades, negocios y demás que están involucrados con dineros obtenidos por este medio, por lo cual el Estado ha tenido que adoptar medidas como la extinción de dominio para iniciar una erradicación que a largo plazo se espera sea conveniente y eficaz.
Por medio de esta monografía pretendo determinar con claridad los casos específicos en que es necesario aplicar la acción de extinción de dominio, igualmente conocer los casos en que el Estado ha logrado extinguir los bienes de los llamados ‘capos’ del narcotráfico en nuestro país, o por el contrario cuando dichos propietarios consiguen conservarlos por medio de batallas y tretas legales; Por medio de la presente exposición aspiro establecer las causas para la creación de la ley de extinción de dominio y si con ella buscaban una función preventiva o represiva.






CAPÍTULO I
EXTINCIÓN DE DOMINIO

La extinción de dominio es una operación tanto administrativa como judicial, pero no podemos confundirla con otros términos que quizás tengan el mismo objetivo, pero diferentes consecuencias no solo para el Estado, sino también para el sujeto a quien afecta dichas acciones. En algunos casos el ejercicio de la acción de extinción de dominio por parte del Estado representado en la Dirección Nacional de Estupefacientes conlleva que varios de estas acciones sean usadas en dicho proceso.
En nuestra legislación actualmente existen varios conceptos sobre la propiedad de un bien, como se obtiene, al igual que como se puede perder, en esta monografía nos argumentaremos exclusivamente a la extinción de dominio, mas sin embargo es necesario hacer una relación y más aún una diferencia entre dichos conceptos. A continuación haremos relación a algunos de ellos.
1.1.QUÉ ES LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
Se entiende por extinción de dominio " la pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza algún para su titular".De esta definición entiéndase por dominio la plenitud de los derechos que las leyes reconocen al propietario de una cosa para disponer de ella, en la forma que el desee sin perjuicio de las demás personas;
1.2.DOMINIO
Es también llamado propiedad, y "es un derecho real sobre una cosa corporal, para gozar y disponer de ella no siendo contra la ley o contra derecho ajeno", pues en ningún momento el disponer de los bienes puede ir en contra de los derechos de los demás ciudadanos, o ir en contra de los intereses del Estado.
Características del derecho de propiedad o dominio
Tiene una función social: El derecho de dominio o propiedad se ejerce dentro del marco de una colectividad y por tanto, quien es titular de ella se halla limitado ene le ejercicio de sus facultades que le otorga el derecho, por los intereses colectivos o sociales.
Es un derecho real: Así lo contempla la ley, en el Art. 669 del Código Civil teniendo en cuenta que es un poder jurídico sobre una cosa, cuyo ejercicio se encuentra protegido por acciones que pueden ser ejercidas contra todos.
Es un derecho pleno: Es pleno por cuanto representa el mas amplio poder que una persona puede tener sobre un bien, el bien está sujeto a la voluntad de una persona y representa un poder unitario, independiente y universal sobre la cosa.
Otorga facultades plenas de uso, goce y disposición del bien a su propietario: Las facultades de que trata, se derivan de la misma definición que trae el Código :
*" jus utendi: o facultad de servirse de la cosa". Todas las cosas se deben usar según la naturaleza de la misma, pues es ella la que determina su uso, no el hombre ni la ley.
* "Jus fruendi : Poder de gozar de la cosa" .Es el derecho de percibir los frutos del bien que se tiene en propiedad y que puede ejercerse por medio de actos materiales.
* "Jus abutendi : facultad de disponer del bien."Es la facultad de enajenar o gravar el bien según la propia voluntad de su dueño y en cuanto no vaya contra la ley y el contra el derecho ajeno.
Es un derecho perpetuo e irrevocable: Es perpetuo en cuanto a su duración, pues a diferencia de los demás derechos no es susceptible de extinguirse, por lo menos mientras exista la cosa sobre la cual recae y con la cual se identifica, no obstante, que su titular sea distinto en virtud de transmitirse de uno a otro por cualquier medio legal.
El estudio del derecho de dominio a la luz del Art. 58 de la Constitución Nacional nos lleva a mirar este derecho desde el punto de vista del ejercicio del mismo y su terminación. La Constitución impone al ejercicio de la propiedad privada las exigencias relativas a las funciones social y ecológica y en cuanto a la terminación del derecho, prevé la posibilidad de recurrir a la expropiación por vía judicial y por vía administrativa cuando motivos de interés social o de utilidad pública lo exijan, siempre que haya una indemnización previa.
DECOMISO
Se considera como decomiso a la pena accesoria de privación de los efectos o instrumentos del delito, es una medida cautelar que puede culminar con la incautación que es una medida definitiva. Con el decomiso lo que se busca es que no se genere un riesgo de desaparición de los instrumentos producto del delito, y garantizar su comparecencia y existencia en cualquier proceso.
INCAUTACIÓN
Disposición en las leyes de tomar posesión por parte de una autoridad competente de dinero o bienes de otra clase. La incautación es la medida definitiva que generalmente busca el Estado en los delitos cometidos contra su integridad y seguridad, es una acción que debe procurar mantener el estado del bien incautado para garantizar que en el momento que se solicite su presencia en un proceso pueda ser allegado en iguales condiciones a las que fue confiscado.
Decomiso-Incautación-Extinción : Diferencias sustanciales
El decomiso y la incautación de bienes hace relación a todo proceso de carácter penal. La extinción de dominio hace relación a cierta clase de procesos o hechos punibles.
El decomiso como la incautación de bienes es una medida cautelar que puede ser previa a cualquier decisión de fondo. La extinción de dominio se decreta como medida definitiva, es decir, debe existir previamente en proceso y una sentencia que así lo determine.
En el decomiso la entrega de los bienes puede ser definitiva. En la extinción de dominio la entrega de los bienes solo se hace excepcionalmente.
EXPROPIACIÓN POR OBRAS PÚBLICAS
"Medida interventora de la Administración por la que se priva al administrado de la propiedad privada de determinados bienes, derechos o intereses de naturaleza patrimonial, a cambio de una indemnización,".
La justificación de la potestad de expropiación de la Administración se encuentra en la necesidad de que se sacrifique una situación de propiedad privada ante intereses públicos superiores. Pero al mismo tiempo se trata de que tal sacrificio sea el mínimo posible, de forma que no acarree la pérdida del contenido económico de la situación sacrificada, contenido que se sustituye por un equivalente pecuniario, que es la indemnización . Por ello, es requisito imprescindible para la legalidad de la expropiación el que ésta se efectúe por causa de utilidad pública e interés social, que es lo que legitima esta potestad de expropiación de la Administración. Así, un particular puede ser privado de una parte o hasta de la totalidad de una finca para que por ella atraviese una carretera. La expropiación se realiza a través de un procedimiento que se encuentra regulado en detalle en todas las legislaciones y que tiende en esencia a garantizar los derechos del sujeto expropiado.
USO
El derecho de uso es "un derecho real que consiste generalmente, en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa". Se ha dicho que estos son reales y que así los clasifica la ley, por que tienen que recaer precisamente sobre bienes limitando el dominio sobre estos. Cuando el uso se refiere a una casa, y a la utilidad de morar en ella, se denomina derecho de habitación, el derecho de uso puede coexistir con el de habitación, por ejemplo un individuo puede ser usuario de una finca y tener el derecho de habitación en la casa de tal finca.
El derecho de uso y habitación que en su esencia son un mismo derecho porque solo se diferencian en los bienes a que puede referirse y a la manera de usarlos, se caracterizan por su condición de derechos reales por que se ejercitan sobre una cosa, además solo existen a favor de una persona determinada y beneficio propio y de su familia.
USUFRUCTO
El derecho de usufructo " es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa es no fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo genero, o de pagar su valor, si la cosa es fungible." El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes, el del nudo propietario, y el del usufructuario. Así es que al propietario no lo queda la nuda propiedad, es decir una propiedad de la que carece durante cierto tiempo de sus principales ventajas, pero aún conserva el dominio de la cosa. El usufructuario está obligado a restituir oportunamente la cosa a su dueño, esto es, luego que el usufructo termine, bien sea porque se cumpla el tiempo fijo que debe durar, o porque se realice la condición que le da fin, y en todo caso a la muerte del usufructuario, pues el derecho de este no es transmisible por causa de muerte. El usufructuario no puede gozar de la cosa sino conservando su forma y sustancia de acuerdo con su natural destino.
Con lo anterior podemos observar las diferentes formas de obtener el dominio, como ya dijimos primariamente en la presente monografía solo trataremos la extinción de dominio como forma de perder las propiedades adquiridas ilícitamente, motivación que ocupa al gobierno no solo ahora, sino desde tiempos vetustos, ya que el crimen y mucho menos el narcotráfico descansa en un país donde no menos del 40 % de sus tierras fértiles no son utilizadas para el cultivo de maíz o café, sino para el cultivo de la amapola, y marihuana.
CAPÍTULO II
ASPECTO JURÍDICO DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

2.1. PRIMERAS NORMAS
La extinción de dominio no es una figura nueva en nuestro ordenamiento jurídico. Esta ha sido consagrada en varias normas, en leyes como la 200 de 1936, Art. 6, estableciendo a favor del Estado la extinción de dominio sobre bienes rurales en los cuales haya cesado el ejercicio de la posesión sobre los bienes de carácter rural durante diez años interrumpidamente, así, la posesión la ejercía el dueño mediante actos de explotación económica del suelo.
Posteriormente en la ley 100 de 1944, Art. 33, se garantiza la propiedad privada sobre predios rurales donde se hubiere ejercido explotación económica conforme a lo señalado en la ley inmediatamente anterior, permitiendo de esta manera obtener declaración judicial de haber realizado los actos propios para la explotación económica y de esta manera dejar el inmueble libre por diez años de la acción de extinción de dominio.
La ley de reforma agraria consagraba la función social de la propiedad y recalcaba una vez mas la adecuada explotación de predios mal utilizados, conformó programas que se desarrollaron con el fin de un adecuado aprovechamiento de esas tierras, otorgándole competencia al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria para expedir las resoluciones sobre extinción de dominio, previa aprobación del gobierno nacional.
En la Constitución Política de 1991, es en el Art. 34 que se consagró la figura de extinción de dominio sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, como se señala en dicho articulo es un instrumento eficaz con el fin de desestimular la cultura del dinero fácil, detener el enriquecimiento que se hace por medio de conductas al margen de la ley, entre otras cosas .
Cabe anotar que este concepto de extinción no es precisamente lo que dice el legislador cuando de esta figura se habla en materia rural, pero si se apunta como línea precedente al decir que no es nueva tal acción, simplemente se antepone como antecedente histórico y jurídico.
2.2. NORMAS OPERANTES
Es por medio de la Ley 793 de 2002 que se desarrolló la normatividad que sobre extinción de dominio se aplica a los bienes adquiridos en forma ilícita, por ello es importante traer a colación el contenido de la citada ley.
Naturaleza de la acción
La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, es decir solo puede recaer sobre las cosas, y procederá contra el titular real o presunto, o los beneficiarios reales de bienes, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. En ningún caso se podrá intentar la acción de dominio en forma independiente, si hay actuaciones penales en curso.
"si la acción penal se extingue o termina sin que haya proferido decisión sobre los bienes, continuara el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal y procederá la declaración de extinción de dominio de aquellos bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias en que trata esta ley.""si terminado el proceso penal aparecieran nuevos bienes, en cualquier caso procederá la acción de extinción de dominio ante el mismo funcionario que conoció de la acción penal correspondiente"
La acción de extinción de dominio es distinta e independiente de la responsabilidad penal y complementaria de las actuaciones penales.
La declaración de extinción de dominio corresponderá a los jueces competentes para conocer de las actuaciones penales. En consecuencia, las entidades estatales legitimadas, en los casos que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva, promoverán la acción consagrada en la Ley 793 / 2002 cuando la actuación penal termine por cualquier causa y no se haya declarado en ésta la extinción de dominio sobre los bienes considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del delito o se hubiere declarado sólo sobre una parte.
La providencia que declare la ilicitud de la adquisición del dominio de los bienes en un proceso penal y la sentencia condenatoria que así lo establezca se constituye en prueba de la ilícita procedencia de los bienes.
Del debido proceso
En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizaran el debido proceso, el derecho de defensa.
De la protección de derechos
Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán los derechos de las personas y de los terceros, para cuyo efecto no podrá declarase la extinción de dominio:
En detrimento de los derechos de los titulares legítimos y terceros de buena fe.
Si no estuvieran probadas las circunstancias contempladas en la ley.
Si no se hubiere garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa.
En todos los casos se respetará el principio de la cosa juzgada.
Los titulares de derechos o los poseedores de los bienes objeto de la acción de extinción de dominio, así como los terceros, podrán comparecer a la proceso dentro de las oportunidades procesales previstas en la ley para el ejercicio de su derecho de defensa. En todo caso, los que no comparezcan están representados por un curador sin perjuicio de, que en el momento de no comparecer durante el trámite por razones no atribuibles a su culpa o dolo, puedan en cualquier tiempo antes del fallo interponer las acciones y recursos legales que consideren pertinentes para la defensa de sus derechos.
Del procedimiento y la competencia
Competencia
Corresponderá a los funcionarios competentes para conocer de las actuaciones penales la declaración de extinción de dominio cuando se trate de bienes vinculados a actividades delictivas o destinados a las mismas, así mismo la ley 793 / 2002 expresa tácitamente " sin perjuicio de que la acción de extinción de dominio sea iniciada por las entidades estatales legitimadas con posterioridad a la terminación de la actuación penal, cuando ésta termine por cualquier causa y no se declare la extinción de dominio o se declare sólo sobre una parte de éstos.
La acción de extinción de dominio la conocerán los fiscales de la justicia regional en los asuntos penales de su competencia, y en los demás casos, la Fiscalía adscrita a la Unidad especializada, o la que determine el Fiscal General de la Nación, así como los jueces regionales o el Juez Penal del Circuito que este conociendo de la actuación.
Trámite de la acción de extinción de dominio
Como lo ordena la ley "el trámite de la acción de extinción de dominio en las actuaciones penales se surtirá en cuaderno separado" y se llevará de la siguiente forma:
1.El fiscal que deba conocer de la acción de extinción de dominio, de oficio o por interposición de demanda, ordenará su iniciación mediante providencia interlocutoria apelable en los hechos en que se funda, los bienes y las pruebas o indicios. El fiscal avisará sobre la suspensión del poder dispositivo y decretará la inmediata aprehensión y ocupación y las medidas cautelares pertinente, si no se hubieran adoptado en la actuación penal.
2.En la misma resolución, ordenará la notificación al Agente de Ministerio Público y a las demás personas afectadas cuya dirección se conozca, que se surtirá según las reglas generales la acción de extinción de dominio.
Igualmente y según lo dispuesto por el legislador " se dispondrá la comparecencia de las personas respectivas, de los titulares actuales del derecho real principal o accesorio que figuren en el certificado registral correspondiente, de los terceros y personas indeterminadas con interés en la causa para que comparezcan a hacer valer sus derechos".
El llamamiento a comparecer se surtirá por edicto que permanecerá publicado en la secretaría por veinte (20) días y se publicará y divulgará por
una vez dentro de este término en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora de la localidad.
Si cumplidas dichas formalidades, no se presentan a comparecer dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término del edicto, continuará la actuación con un curador.
3.Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de la comparecencia, deberá contestarse aportando las pruebas o solicitando la práctica de aquellas en que se funde la defensa. En este mismo término, el Agente de Ministerio Público solicitará la práctica de pruebas.
4.Transcurrido el término anterior, se decretarán las pruebas conducentes y las que oficiosamente considere el funcionario, quien fijará el término para su práctica de veinte (20) días, prorrogables por un término igual, será prorrogable por una sola vez.
5.Concluido el termino probatorio, se correrá traslado por el término de ocho (8) días a los intervinientes para alegar de conclusión y al Agente del Ministerio Público para que emita su concepto.
6.Transcurrido el término anterior, cuando el trámite hubieres sido conocido por la Fiscalía, dictará una resolución de acuerdo con lo alegado y probado, en la cual debe concluir respecto de la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio.
Si concluye sobre la procedencia de la declaratoria de extinción del dominio, enviará inmediatamente el expediente al Juez Regional en los asuntos de su competencia o al Juez Penal del Circuito en los demás casos, quienes dictarán la respectiva sentencia de extinción de dominio, verificando que durante el trámite que adelantó la Fiscalía se halla respetado el debido proceso, y la protección de derechos.
Procedimiento en la acción de extinción de dominio
Como se había relacionado anteriormente el Fiscal, de oficio, o por medio de una demanda puede poner en movimiento la acción de extinción de dominio. A continuación se hace una relación sobre los requisitos que debe contener dicha demanda:
Nombres y apellidos, identificación y domicilio del titular presunto, del real y de los terceros con interés en la causa.
La identificación del bien o bienes, estimación de su valor.
La petición de pruebas, allegando las que tenga en su poder.
La dirección del lugar para recibir notificaciones.
Medidas preventivas
Desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso, el demandante podrá pedir la práctica de medidas cautelares de los bienes sobre los cuales pretende la extinción de dominio, como el decomiso, incautación, ocupación y demás medidas consagradas en nuestro ordenamiento jurídico.

Sentencia
"Si la sentencia declara la extinción de dominio, ordenará la cancelación de las limitaciones, desmembraciones, gravámenes, embargos e inmovilizaciones e inscripciones que recaigan sobre los bienes y su inscripción en el registro competente sin costo alguno para el Estado."
Cuando los bienes objeto de la extinción se encuentren gravados con prenda, hipoteca o recaiga sobre éstos algún otro derecho real accesorio distinto del dominio o medida cautelar decretada por autoridad competente y debidamente inscrito con fecha anterior al decreto de la medida preventiva o de la suspensión del poder dispositivo dentro del proceso de extinción, la sentencia se pronunciará respecto a la eficacia o ineficacia, licitud o ilicitud de los títulos y derechos de conformidad con las disposiciones civiles.
Si la sentencia declara la ilicitud o ineficacia de los titulos y derechos, igualmente decretará su extinción y se hará la inscripción en el registro correspondiente sin costo para el Estado.
Si por el contrario, se declara la licitud de los derechos, se decretará la venta en una subasta pública conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil y con su producto se pagarán las acreencias correspondientes, y el remanente pertenecerá al Estado.

Suspensión del poder dispositivo
En el momento que se expide la resolución que ordena el trámite de extinción, no podrá adquirirse, ni transferirse el dominio de los bienes provenientes de actividades ilícitas, ni constituirse derecho alguno, ni celebrarse acto, contrato o negocio jurídico respecto de dichos bienes.
Ámbito de aplicación
La Ley 793 / 2002 se aplicará en todos los casos en que los hechos o actividades delictivas hayan ocurrido total o parcialmente en Colombia, o cuando los bienes se encuentren ubicados en el territorio nacional.
Respecto de aquellos bienes situados en el exterior cuyos titulares o beneficiarios reales sean colombianos o cuando los hechos se hayan iniciado o consumado en Colombia, se aplicará dicha ley con sujeción a los tratados y convenios internacionales.
Vigencia
La extinción de dominio de declarará cualquiera sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes, aún cuando se trate de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de la ley 793/2002, siempre y cuando dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes haya sido realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción.
2.3. CAUSAS QUE MOTIVAN LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
Por sentencia judicial se declarará la extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezca que hayan sido utilizados como medio o instrumento necesario para la consumación de hechos delictivos, o bien sean producto de los mismos.
Dichas actividades son:
"Enriquecimiento ilícito de servidores públicos o particulares.
Perjuicio del Tesoro Público que provengan de los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.
Grave deterioro la moral social (delitos contemplados en le Estatuto Nacional de Estupefacientes), testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho, tráfico de influencia, rebelión, sedición asonada o provenientes del secuestro, secuestro extorsivo y extorsión."
2.4.BIENES SUSCEPTIBLES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Para Los efectos de la ley 793 /2002 se entiende por bienes susceptibles de extinción de dominio todo derecho o bien mueble o inmueble.
La extinción de dominio se declarará sobre el producto de los bienes adquiridos en las anteriores circunstancias, los derivados de éstos, sus frutos, sus rendimientos, y sobre los recursos provenientes de la enajenación o permuta de bienes adquiridos ilícitamente o destinados a actividades delictivas o consideradas como su producto, efecto, instrumento o objeto del ilícito. Así mismo " cuando se mezclen bienes de ilícita procedencia con bienes adquiridos lícitamente, la extinción de dominio sólo procederá hasta el monto del provecho ilícito."
La acción de extinción de dominio no tiene por objeto la imposición de sanciones privativas de la libertad a quien haya delinquido. La declaración correspondiente es una consecuencia de la comisión de cualquiera de los hechos enunciados, siempre que se pruebe que hay una relación directa o indirecta, entre el ejercicio de las actividades constitucionalmente delictivas y la adquisición del bien. Se trata entonces de una acción real, pues el proceso se inicia y se desarrolla en relación con bienes concretos y determinados.
La norma debatida cobija tanto los bienes muebles e inmuebles, como los frutos, productos y rendimientos de ellos, lo cual parece lógico si se tiene en cuenta el carácter ilegítimo de la propiedad, aunque debe aclararse, como lo hace la norma, que, si se mezclan bienes de procedencia ilícita con otros que fueron adquiridos ilícitamente , la extinción de dominio procederá sólo hasta el monto del provecho ilícito, distinción razonable y necesaria, porque el fundamento de la extinción de dominio está en la adquisición no ajustada al derecho, o contraria a la moral pública del bien correspondiente.
Bienes equivalentes
Cuando no resultare posible ubicar, incautar o aprehender otros bienes determinados sobre los cuales se inicie la extinción de dominio, al momento de la sentencia el Juez podrá declarar extinguido el dominio sobre un valor equivalente. Sin embargo " antes de la sentencia de primera instancia, el Juez no podrá aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre bienes equivalentes."
Destinación de bienes
Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado
Mediante la ley 333/1996 se creó el Fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, que funciona como una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. "Los bienes objeto de extinción de dominio, sin excepciones de naturaleza alguna, formarán parte de los recursos de este fondo."
Durante el desarrollo del proceso, la Dirección Nacional de Estupefacientes podrá destinar en forma provisional los bienes sobre los cuales esté vigente una medida cautelar, a las entidades oficiales o instituciones de beneficio común legalmente reconocidas. Los gastos de conservación estarán a cargo de la entidad destinataria. La DNE tomará las medidas necesarias para garantizar que los bienes objeto de destinación provisional continúen siendo productivos y generadores de empleo, para lo cual puede recurrir a la fiducia o arrendamiento de los bienes, y estos recursos deberán destinarse a la financiación de los programas sociales.
Disposición y destinación de los bienes
Los bienes y recursos sobre los cuales se declare la extinción de dominio, sin excepción alguna ingresarán al Fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado y serán asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes de conformidad con los reglamentos para:
a) Financiar programas y proyectos en el área de educación recreación y deporte.
b) Programas que prevengan el consumo de la droga, como los que tiendan a la rehabilitación y la promoción de la cultura de la legalidad.
c) Promover programas de desarrollo alternativo para la erradicación de cultivos ilícitos.
d) Financiar programas de reforma agraria y de vivienda de interés social para los desplazados por la violencia y los involucrados en los programas de erradicación de cultivos ilícitos.
e) Financiar programas de desarrollo humano sostenible en las regiones de ecosistemas frágiles en los cuales se han realizado cultivos ilícitos.
f) Implementación de programas de viviendas de interés social.
g) Financiar programas para población de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.
h) Financiar programas de rehabilitación, educación, capacitación microempresas para la población carcelaria.
i)Financiar programas de nutrición a la niñez de estratos bajo, a través del Instituto de Bienestar Familiar.
j) Reembolsar los daños causados a los nacionales titulares, para ello financiará la contratación de seguros que cubran los riesgos por actos terroristas y violentos cuando no estén amparados por el Gobierno Nacional mediante pólizas de seguros.
k) Garantizar mediante la contratación de pólizas la protección de los bienes sobre los cuales esté vigente una medida cautelar o sobre aquellos que sean objeto de extinción de dominio.











CAPÍTULO III
TRÁFICO Y CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES COMO CAUSA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
La definición de lavado ha empezado a evolucionar a medida que la comunidad internacional ha ido entendiendo que esta actividad es en sí misma criminal y que merece la mayor atención, debido a que son las utilidades y el poder que viene asociado con el dinero, lo que permite a quien cuenta con el, influir en las esferas mas poderosas de la sociedad .
LAVADO DE ACTIVOS COMO CONSECUENCIA DE NARCOTRÁFICO
"Es importante reconocer la existencia y las implicaciones de otros delitos que son fuente de recursos ilegales, debido a que constituyen del 40 al 50% del lavado de dinero en Europa y los Estados Unidos, como son el tráfico de armas, el terrorismo, la extorsión, el secuestro, la prostitucion y el fraude financiero. Ya que mientras no exista un total acuerdo entre los Estados sobre el tipo de infracciones que deben ser considerados como originarios del lavado, las organizaciones criminales que realizan todo tipo de delitos continúan operando sin fronteras en todo el mundo".
En general, debemos estar de acuerdo en que lo que alimenta y mantiene
la existencia de las organizaciones criminales, es la utilidad económica que deriva de sus actividades, por lo que la comunidad internacional debe dirigir su mirada hacia todos los factores que les permiten operar.
A continuación se describe un criterio que está relacionado con el tráfico de estupefacientes, " pues corresponde a los países productores erradicar los cultivos y perseguir las organizaciones que manejan la producción, transporte y distribución, así como controlar sus fronteras para impedir que los bienes adquiridos con dineros criminales penetren en sus territorios."
"En similar sentido se considera que a los países consumidores deben combatir la distribución y venta, así como el lavado de activos; de igual forma, corresponde a los países que fabrican o producen los elementos que las organizaciones delictivas necesitan para operar, el controlar el mercado de precursores químicos, etc."
Por otra parte, aunque Europa es principalmente consumidora, tiene también centros de producción, hecho por el cual la ONU resalta el incremento continuo del tráfico ilícito y del abuso de drogas sintéticas producidas en laboratorios clandestinos europeos, que proveen ese mercado así como el de otros países, resaltando el hecho de que allí se presenta además el cultivo de marihuana por el sistema hidropónico que parece ser una fuente importante para estos mercados, y, aunque los químicos utilizados para la producción de drogas se promueven en muchos países de este continente, sólo pequeñas cantidades han sido confiscadas en Europa Occidental. Además los Estados Unidos sigue siendo el mercado principal de cocaína y el informe de la Naciones Unidas destaca el crecimiento de consumidores de heroína de gran pureza en ese país.
"Lo anterior muestra como a pesar de que las medidas contra el lavado de activos pueden ser efectivas para observar las organizaciones criminales, la comunidad internacional, y en especial cada país, debe desarrollar selectas estrategias de acción contra el consumo de estupefacientes. Sin embargo mientras el consumo siga teniendo altas tasas de crecimiento, la lucha contra el lavado de dinero proveniente de este delito tendrá únicamente efectos temporales y parciales, en consecuencia las naciones deben unir esfuerzos para establecer políticas contra el consumo y desde luego para el tráfico de drogas."
CASOS FALLADOS A FAVOR DEL ESTADO
Según el diario EL TIEMPO en el año 2003 se llevó a cabo la extinción de dominio sobre diversos bienes de los narcotraficantes mas reconocidos del país; no existe un dato exacto sobre cuantos bienes han pasado a ser propiedad del Estado, pues desafortunadamente no hay un control interno minucioso que permita tener la claridad sobre las cifras de los bienes a los
que se le ha iniciado acción de extinción de dominio.
Pero este problema no se debe únicamente a una falta de control o un sistema que permita llevar ordenadamente las cuentas de la Dirección Nacional de Estupefacientes o el Consejo Nacional de Estupefacientes, también se debe a tretas jurídicas a las que recurren los ‘narcos’ para evitar la sentencia de extinción de dominio sobre sus bienes mas preciados; así han logrado que la justicia falle a su favor en algunas ocasiones, aunque vale la pena aclarar que no siempre salen beneficiados con los fallos de tutelas, apelaciones, etc. A continuación se hace una pequeña relación de los bienes que pasaron a poder del estado durante el 2003.
"En la lista de propiedades finalmente extinguidas se encuentran las que pertenecían a GONZALO RODRÍGUEZ GACHA, VICTORIA EUGENIA HENAO (Viuda de Pablo Escobar), IVAN URDINOLA, VICTOR PATIÑO FOMEQUE y JOSÉ SANTACRUZ LONDOÑO, que suman mas de 357 mil millones de pesos.
En el caso Santacruz Londoño el CNE pudo extinguirle a nombre del Estado 294 bienes, entre los cuales hay 96 apartamentos, 116 garajes y 80 locales. En el proceso para lograr recuperar estos bienes, uno de los depositarios fue asesinado, al parecer por hombres del capo.


LA EXTINCIÓN MAS GRANDE
Según el coronel (r) Alfonso Plazas, director de la DNE, una de las más grandes extinciones consistió en 5.600 hectáreas de propiedad de Jairo
Correa Alzate, Iván Urdinola y un testaferro del cartel de Cali.
Los predios rurales están situados en el Magdalena Medio, Santander y Caquetá y fueron entregados al Ministerio de Agricultura. Este despacho posiblemente los adjudicará a reinsertados, a desplazados y a soldados voluntarios, en último término, harán parte de un plan de reforma agraria.
Igualmente, según el balance de 532 sociedades registradas por el CNE y en las hay participación de ‘narcos’ o de sus testaferros, la entidad ha logrado recuperar el control sobre 100 en el 2003, en agosto del año anterior apenas controlaba 8."
BIENES EXTINGUIDOS EN EL 2003
JOSÉ SANTACRUZ LONDOÑO
294 bienes discriminados así:
96 apartamentos
116 garajes
80 locales
una casa
VICTORIA EUGENIA HENAO
Edificio Altos del Campestre en Medellín
3 parqueaderos
Una bodega
51% del predio Las Margaritas, en el Poblado, Medellín.
IVAN URDINOLA
Hotel Torreón en Pereira.
Casa en la urbanización Ciudad Jardín de Cali.
Predio rural la Camelia, de 60 hectáreas en la ciudad de Ibagué.
JESÚS AMADO SARRIÁ AGREDO
Hotel Marazul en San Andrés.
Start Blue Night Casino, San Andrés.
Discoteca Confetis , San Andrés.
Avión Piper de matrícula HK 3763.
Siete apartamentos en San Andrés y Cali.
Cinco cabañas, San Andrés.
10 Lotes y predios en Dagua (valle), Bogotá, Cota y San Andrés.
9 sociedades en Cali y Bogotá.
8 embarcaciones.
Tres bodegas en Valle del Cauca.
GONZÁLO RODRÍGUEZ GACHA (SUCESORES)
11Predios rurales en Puerto Salgar (Cundinamarca)
4 Predios rurales en Guaduas ( Cundinamarca).
6 Predios en Chaguaní (Cundinamarca)
39 Predios rurales en Pacho (Cundinamarca)
19 Lotes urbanos en Bogotá
2 Predios rurales.
2 Predios urbanos.
9 Predios en San Martín (Meta).
Un predio rural en la Dorada (Caldas).
3 Predios en Cimitarra (Santander).
2 Lotes urbanos en Medellín.
12 Lotes en Envigado (Antioquia).
5 Predios rurales.
VICTOR PATIÑO FOMEQUE
Camioneta Toyota de palcas BHF 638.
Camioneta Land Rover de placas BGT 419.
Camioneta Land Cruiser de palcas BDT 032.
Subametralladora Colt, calibre 9 milímetros.
CASOS FALLADOS EN CONTRA DEL ESTADO
Cuando en 1996 entró en vigencia la ley 333 que instauró la extinción de dominio sobre bienes de propiedad de organizaciones criminales, en especial de narcotraficantes se aseguró que nacía el mejor instrumento jurídico para expropiar de sus riquezas mal habidas a los principales delincuentes del país.
La norma fue mejor recibida entre la opinión pública por que consagraba que buena parte de los bienes incautados se destinarían para fines sociales. Gracias a ello, un grupo de desplazados recibió lotes en la Hacienda Nápoles, la propiedad insignia de Pablo escobar, y fundaciones sin ánimo de lucro recibieron edificios y oficinas para atender a niños con retardo mental, ancianos, drogadictos y enfermos terminales. Al fin y al cabo, cerca de cinco millones de hectáreas habían sido decomisadas a los capos de la mafia. Sin embargo, años después, la ley puede haberse convertido en un arma de doble filo que daría al traste con el proyecto social que figuraba entre sus objetivos y no solo eso, también podría ser una nueva arteria rota para el Estado, que ahora enfrenta el pago de multimillonarias indemnizaciones a personas acusadas de narcotráfico y enriquecimiento ilícito a las que la justicia no ha podido demostrarles su culpabilidad.
Las autoridades antinarcóticos atribuyen la responsabilidad del eventual fracaso de la ley a decisiones judiciales que terminaron por acorralar al gobierno. En una tutela de febrero de 2001 se ordenó devolver los bienes que habían sido decomisados a la familia Gaitán Cendales.
EL FALLO DE LA CORTE
" El fallo de la corte Constitucional que generó el debate es la sentencia T-212 del 2001, que concede a los hermanos Raúl y Martha Cecilia Gaitán Cendales , residentes en Bogotá, una tutela contra la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación.
El alto tribunal consideró que se violó el debido proceso de los hermanos Gaitán Cendales porque les decomisaron sin que los delitos de los que se le acusan –narcotráfico, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir- hayan sido probados. La ponencia del Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ ordenó devolver las propiedades en cabeza de los hermanos Gaitán Cendales.
El trámite de extinción de dominio de sus propiedades se inició el 3 de marzo de 1997. Contra ellos y contra Félix y José David Gaitán Cendales, la Fiscalía delegada ante los jueces regionales de Bogotá había proferido resolución de acusación, pero el 4 de diciembre de 1997 la Fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional revocó la medida y los cobijó con resolución de preclusión, razón por la cual fueron suspendidas las ordenes de captura en su contra.
El 16 de enero de 1998 un fiscal ordenó iniciar el trámite de devolución de los bienes decomisados, pero el 6 de marzo siguiente otro fiscal ordenó lo contrario y cambió la medida de ocupación de las empresas de la familia Gaitán Cendales por la de ‘embargo del capital’ . Con base en esas actuaciones, la Corte Constitucional encontró que los Gaitán Cendales iban a ser juzgados dos veces por cargos de los cuales ya habían sido absueltos y que por esa razón no podían ser afectados por un supuesto beneficio personal con dineros ilícitos, cuya procedencia nunca fue probada.
La Corte concluyó que a una persona con procesos de extinción de dominio no sólo debe respetársele la presunción de inocencia sino , ante todo, demostrársele ‘el origen viciado de la propiedad’.
Es en este aspecto donde las autoridades no han logrado consolidar pruebas en la mayoría de los casos."






CONCLUSIONES
El Estado tiene las herramientas jurídicas para combatir cualquier manifestación delictual y debe hacer uso de ellas en forma razonable, observando la misma ley, la Constitución y la seguridad jurídica.
Una de estas herramienta es la ley de extinción de dominio, la cual el Estado concibió con una intención represiva, para demostrar y ante todo enseñar a los delincuentes que del crimen no pueden obtener ningún provecho ni para si ni para sus familias.
El narcotráfico ha sido un factor de corrupción social en Colombia, no sólo por lo que implica el delito en sí mismo, sino porque quienes lo cometen hacen ostentación ante los demás con bienes lujosos que no fueron obtenidos como fruto del trabajo honrado. De esta situación de impunidad se ha derivado un ejemplo letal apara la comunidad. Los ciudadanos se sienten desestimulados ante le esfuerzo de buscar sustento y progreso en actividades legales que no trae como compensación la fácil obtención de bienes costosos, cuando al tiempo ven ante sus ojos las riquezas conseguidas en forma fácil y rápida por quienes infringen la ley.
Finalmente quiero decir que el tema sobre la extinción de dominio contiene una innegable importancia, partiendo del principio que todas conducta punible es la que debe causar la terminación del dominio cuando se tenga un producto derivado de aquel, no solamente para la conducta que aquí relacionamos, sino para toda conducta de esa naturaleza, o para quienes sin haber intervenido en la comisión del ilícito, han encubierto o recepcionado.


















BIBLIOGRAFÍA


ALHIPPIO, Gómez Ignacio. "Manual de civil, bienes y derechos reales." 3ra Edición. 1999. Ed. Doctrina y ley Ltda.
ARTEAGA, Carvajal Jaime. "De los bienes y su dominio" 2da edición. 1999. Ed Facultad de derecho.
LOPEZ, Peñaranda Gerardo. " Extinción de dominio, alternatividad y medidas cautelares" 1ra edición. 1998, Ed Jurídica radar.
Código Civil Colombiano
Ley 333 de 1996. Normas que establecen la extinción de dominio sobre los bienes adquiridos ilícitamente.
Ley 793 de 2002. Normas que establecen la extinción de dominio sobre los bienes adquiridos ilícitamente.
Revista CAMBIO. 2001
Diario EL TIEMPO. 2003
Internet www. dne.gov.co


ÍNDICE

LA EXTINCIÓN DE DOMINIO POR NARCOTRÁFICO

INTRODUCCIÓN Página
CAPÍTULO I EXTINCIÓN DE DOMINIO
1.1. Extinción de dominio. 1
1.2. Dominio. 2
1.3. Decomiso. 4
1.4. Incautación. 5
1.5. Expropiación por obras publicas 6
1.6. Uso. 7
1.7. Usufructo. 7
CAPÍTULO II ASPECTO JURÍDICO DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
2.1. Primeras normas. 9
2.2. Normas operantes. 10
2.3. Causas que motivan la extinción de dominio. 19
2.4. Bienes susceptibles de acción de extinción de dominio. 20


CAPÍTULO III TRÁFICO Y CULTIVO DE ESTUPEFACIENTES COMO CAUSA DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO.

3.1. Lavado de activos como consecuencia de narcotráfico. 25
3.2. Casos fallados a favor del Estado. 27
3.3. Casos fallados en contra del Estado. 32
CONCLUSIONES
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA